Portugal-(IP5)-Vilar_Formoso“Muy Sr. nuestro: mi cliente ha detectado el paso de su vehículo por los peajes electrónicos de la red de autopistas portuguesas, sin abonar el correspondiente servicio. Le requiero para que en un plazo máximo de ocho días proceda al pago. Transcurrido el mismo sin noticias, entenderé que no es ésa su intención y sin más dilación procederé a interponer la oportuna reclamación judicial”.

Si eres de los que se va a Portugal a disfrutar de autopistas gratis quizá hayas recibido una carta de estas.

Portugal se ha cansado de que los españoles atravesemos el país sin dejar el correspondiente óbolo a las concesionarias de las autopistas y éstas han contratado a una empresa especializada en este tipo de cobros. En principio se está hablando de unos 300.000 “infractores” que deben (o debemos) unos 80 millones de euros.

La segunda carta que envía un bufete de abogados de Huelva ya suena mucho más amenazadora:

“Muy Sr. nuestro: habida cuenta que han resultado infructuosos todos los intentos anteriores para que proceda al pago involuntario de la deuda, le comunico que ya he recibido instrucciones expresas para proceder a demandarle en los tribunales de justicia. Como intento final para evitar dicha acción, le requiero una última vez para que, en un plazo máximo e improrrogable de tres días, proceda al pago”

Vale, vale… no nos pongamos exquisitos porque antes de pagar, hay que negociar. Veamos:

Primero: El saltarse un peaje en Portugal es una infracción tributaria castigada con diez veces el importe no satisfecho del pago. Además, si te pillan, la Guardia Nacional Republicana te puede inmovilizar el vehículo hasta que pagues.

Segundo: Las notificaciones se están enviando por correo ordinario en lugar de certificadas y con acuse de recibo.

Tercero: ¿Qué competencias tiene una empresa privada y un bufete de abogados para exigir el pago de una deuda? El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, considera que “la potestad sancionadora ante una infracción administrativa es el Estado”. La respuesta de Onubrokers, el bufete de Huelva, es que no están “reclamando multas sino simplemente las tasas del peaje impagadas, que es como si vas a un hotel y te vas sin pagar. Es una reclamación civil”.

Cuarto: De dónde han sacado los datos de los infractores. Por 8 € puedes acceder a los datos pero… ¿han desembolsado las concesionarias lusas 2.400.000€ para obtener los datos de los 300.000 morosos? Para acceder a estos datos con el amparo legal de la directiva europea de persecución transfronteriza de infracciones hay que demostrar un interés legítimo. Curiosamente entre los ocho tipos de infracción prevista en la directiva no está el impago de peajes.

Aún hay más, la Directiva prevé el intercambio de datos entre autoridades nacionales, no entre el Estado y empresas privadas. Qué hace el Estado Español dando mis datos a una empresa privada de otro país. O a un bufete de abogados de Huelva, me da igual.Además, la Directiva está anulada.

Quinto: Una parte importante de estas deudas están prescritas.

Así las cosas, Brisa, Ascendi, Onubrokers… de momento vamos a olvidarnos del asunto.

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